El reciente desmantelamiento de una organización de venta de medicamentos fuera del cauce legalmente establecido me induce a determinadas reflexiones, con independencia del proceso administrativo y judicial en curso.

La prestación farmacéutica es uno de los pilares de los sistemas sanitarios, públicos y privados, en todo el mundo. Y los farmacéuticos, junto en el personal técnico, son los garantes de su correcto funcionamiento. Los medicamentos son, hoy día, uno de los instrumentos en que se asienta la salud y el bienestar de las sociedades desarrolladas; y un valor cuya carencia deja a los países que carecen de ellos, o tienen un acceso limitado, en situación de grave precariedad. El progreso social está inextricablemente unido al cuidado de la salud y la atención a la discapacidad y la vejez; y en ello, la disponibilidad de fármacos es primordial.

Se ha reiterado muchas veces que la atención farmacéutica en España es un ejemplo de servicio público. Las farmacias se hallan en localidades carentes de un servicio médico equiparable y la población ha manifestado de modo reiterado (encuestas) su satisfacción  y aprecio a la labor desempeñada por las Oficinas de Farmacia. Es por ello muy perjudicial para el colectivo farmacéutico determinados procederes que enturbian la probidad del conjunto.

No obstante, los farmacéuticos estamos afrontando una serie de situaciones que dificultan la continuidad de nuestra labor. Citaré algunos ejemplos que, no por conocidos, son menos enojosos.

En primer lugar está la presión administrativa, no justificada ni consensuada, para derivar la dispensación de medicamentos de marca (fabricados por los laboratorios investigadores) hacia versiones genéricas, que levantan las suspicacias tanto de usuarios, como de profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos). ¿Cómo se explica que ante un mismo coste para el Sistema Sanitario, se deba dispensar obligatoriamente la versión genérica de un medicamento en detrimento del medicamento original?

Por otra parte, las distintas Administraciones Sanitarias, rebajan continuamente el precio de coste de las medicinas, haciendo que muchos laboratorios dejen de suministrarlos (continuas faltas) o, lo que es peor, no optimicen sus procesos de elaboración, dando lugar a continuas retiradas por defectos de fabricación.

Consecuencia de lo anterior es la exportación paralela llevada a cabo desde los distintos estadios de la cadena de producción y distribución de medicamentos.

Esta situación está condicionando gravemente la profesión farmacéutica en España. Y, todavía más, está comprometiendo el suministro de medicamentos a la población.

El colectivo farmacéutico, y algunos profesionales individualmente, han cometido errores, tanto por falta de responsabilidad y entrega profesional, como por comportamientos no acordes con la sociedad a la que sirven. Pero unas hojas caídas no deben desvirtuar la visión del bosque.

Y por encima de todo pervive un sincero afán de servicio. Sin embargo las Administraciones deben asumir que la presión sobre las farmacias, en última instancia, sobre los usuarios de los medicamentos (todos en algún momento de nuestra vida) ha llegado a un límite que no puede, ni debe, ser sobrepasado, sin que de ello deriven graves consecuencias en los parámetros de salud, tanto actual como futura.

Zaragoza, 24, septiembre 2014

Dr. José Manuel López Tricas

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria

Farmacia Las Fuentes

Florentino Ballesteros, 11-13

50002 Zaragoza