CONTRACEPCIÓN: PLAN B
En relación con la denominada “píldora postcoital”, conocida internacionalmente como “contracepción plan B”, deseo exponer algunos aspectos que pueden ser de interés.
La semántica es importante. Hay que distinguir entre anticonceptivos o anovulatorios (medicamentos que previenen los embarazos a base de impedir la ovulación), contraceptivos (impiden la implantación de un óvulo fecundado) y abortivos (que interrumpen un embarazo en curso). La contracepción plan B, más conocida como “píldora del día siguiente” es una sustancia hormonal, levonorgestrol, derivado de la progesterona. Este fármaco, tomada preferentemente en las 12 horas siguientes a una relación sexual, aunque se considera eficaz hasta 72 horas después, impide que un óvulo fecundado, potencialmente viable, se asiente en el útero y comience un proceso de división celular, esto es, un embarazo.
En España la contracepción post-coital se comercializó en marzo de 2001, requiriéndose al principio la toma de dos comprimidos idénticos espaciados varias horas. En el mes de abril de 2006, el fabricante concentró la dosis precisa en un solo comprimido.
Hasta ahora, la “píldora del día siguiente” se conseguía de modo gratuito en los servicios de urgencia hospitalarios y en los centros de salud, a partir de la mayoría de edad, al menos teóricamente. Desde este mes de agosto, y en base a una modificación de la legislación, se podrá conseguir en las farmacias, sin receta médica; y por jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad. Y éste es el debate que sobresale a la superficie, si bien esconde discrepancias ideológicas más profundas.
La controversia que se plantea ahora en España no es nueva. En cada país en que se ha comercializado sin recta médica y con libre adquisición por los adolescentes, determinados grupos sociales, casi siempre vinculados a posicionamientos religiosos (católicos, evangelistas y judíos) se han manifestado contrarios a la libre dispensación a menores de edad legal.
En Estados Unidos, la libre dispensación a partir de los 17 años, ha sido consecuencia de la decisión del juez Edward R. Korman, titular del Juzgado Federal de New York. En su resolución se obligaba a rebajar la edad para la libre dispensación desde los 18 años a los 17 años, argumentando que la limitación de los 18 años se había establecido con criterios políticos y no científicos. El medicamento contraceptivo usado en Estados Unidos es fabricado por Teva Pharmaceuticals, un fabricante israelí de medicamentos genéricos.
Curiosamente, en algunos países donde el aborto es ilegal (México, Brasil y Venezuela) la píldora post-coital ha sido aprobada para su libre dispensación.
Y en el que, con toda probabilidad, es el país socialmente más conservador de Sudamérica, Chile, las niñas de tan solo 14 años tienen libre acceso a la contracepción de emergencia. Tal vez en esta decisión tenga que ver el hecho de que su actual presidenta demócrata cristiana, Michelle Bachelet, haya ejercido durante años como pediatra en una zona económicamente deprimida de la capital, Santiago. Según las estadísticas, el 15% de todos los nacimientos en Chile son de madres de menos de 18 años, la mayoría de los casos entre las clases social y económicamente más deprimidas. Enfrentada a la decisión del actual gobierno chileno está la “Conferencia Episcopal”, cuyos argumentos, tan repetidos por el reverendo Marcos Burzawa, director de la vicaría de la familia del arzobispado de Santiago, son que la contracepción plan B, es una forma elusiva de aborto; y que la libre dispensación supone una intromisión en la vida privada de las familias, además de una forma de totalitarismo. Y, además, sostiene que puede ser una puerta abierta a la futura legalización del aborto, actualmente prohibido por la legislación chilena. Pero la realidad es que en Chile, con una población de 16 millones de personas, se llevan a cabo alrededor de 150.000 abortos anuales, muchos de ellos en condiciones lamentables.
No están exentos de razón quienes ven imprudente la libre dispensación de este medicamento (como de cualquier otro) a personas menores de edad; ni quienes consideran que existe un riesgo, no desdeñable, de mayor transmisión de enfermedades, sobre todo SIDA. Pero también hay que considerar que se puede reducir el número de abortos, con el sufrimiento psicológico y físico que conlleva. Los legisladores han de ser muy cautos para no agrandar la fractura entre las leyes y la sociedad a la que deben proteger y representar simultáneamente. Sin embargo, no es menor la función que ha de desempeñar la educación a la hora de ayudar a los adolescentes a asumir los retos y riesgos de la sociedad en que vivimos.
Dr. José Manuel López Tricas
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria
Zaragoza